México apoya la demanda contra la ley antisantuario SB4 alegando que obstaculizaría sus relaciones con Texas

El país presentó un documento de respaldo a las ciudades que están demandando la legislación antisantuario, argumentando que obstaculiza los intereses diplomáticos y negociaciones entre ese país y el estado de Texas. El gobierno mexicano, a su vez, mostró preocupación sobre cómo su puesta en vigor puede socavar los derechos de los mexicanos que residan en Texas o estén de visita.

México respaldó mediante un documento legal la batalla en contra de la ley antisantuario SB4 de Texas, que penaliza a las llamadas ciudades santuario.

Ante una corte federal de apelaciones en Nueva Orleans, el gobierno mexicano presentó un amicus curiae (amigo de la corte, una expresión en latín que se refiere a presentaciones realizadas de forma voluntaria por terceros ajenos a un litigio que quieren expresar su opinión) este jueves, dentro de una demanda en la que varias municipalidades de Texas pelean contra dicha ley.

El documento dice que la ley interfiere con los intereses diplomáticos y negociaciones en curso sobre una serie de asuntos bilaterales. Anteriormente, en una declaración jurada en apoyo a la demanda que busca frenar la implementación de la SB4, la cancillería presentó estadísticas en torno a la preocupación e incertidumbre de los mexicanos en el estado.

Dicha ley amenaza a alguaciles u otros funcionarios con prisión y destitución por no cooperar con las autoridades federales de inmigración. La ley veta políticas que limiten la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La mayoría de la SB4 fue bloqueada temporalmente el 30 de agosto, dos días antes de que entrara en vigor el 1 de septiembre.

En ese momento, el juez federal Orlando García bloqueó gran parte del texto aunque dejó intacta la sección en la que se habilitaba a los policías y alguaciles de Texas a preguntar sobre el estatus migratorio de cualquier persona durante su detención e incluso en paradas de tránsito. Texas apeló la decisión.

El gobierno mexicano argumenta que la puesta en vigor de estas provisiones crearía un complejo entramado que podría llevar a "una aplicación selectiva de la ley" y podrían propiciar trato discriminatorio.

Esto podría socavar los derechos de los mexicanos que vivan en el estado o lo visiten, señala un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

"Además, incidiría negativamente en la relación con Texas y obstaculizarían la colaboración efectiva, así como el comercio entre nuestro país y ese estado", lee el comunicado.

En septiembre, la Corte Federal de Apelaciones en Nueva Orleans levantó ese bloqueo a dos partes de la ley. La Corte de Apelaciones escuchará argumentos sobre el caso en noviembre.

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